A pesar de que en Colombia existe una Constitución de tendencia ecológica en donde se consagra que el Estado y los particulares tienen deberes específicos frente al daño ambiental, en el país se está rápidamente destruyendo el patrimonio natural, debido a las necesidades económicas de las personas y a una indeterminación legal y política que amenaza seriamente los procesos de desarrollo económico, social y cultural. Por este motivo cobra especial importancia el papel de las autoridades ambientales frente al daño ambiental y la manera como están enfrentando, con las herramientas jurídicas que tienen para tal fin, a los infractores y delincuentes que causan daños al ambiente. En razón de lo anterior, este artículo busca presentar ante la sociedad y la academia una investigación que tardó más de un año y que consolidó esfuerzos de entidades públicas como la Defensoría del Pueblo, las diferentes autoridades ambientales del país y la Contraloría General de la República, en búsqueda de dilucidar la efectividad, debilidades y fortalezas de los instrumentos jurídicos vigentes para que el Estado, representado por las autoridades ambientales del país, sancione y exija la reparación de los daños al ambiente.
Colombia has a Constitution with an ecological tendency in which it is established that the State and individuals have specific duties in regard to environmental damage. Nevertheless, as a result of the economic necessities of the people and legal and political inaction, the natural heritage of the country is rapidly being destroyed. Thus, economic, social development and cultural processes are threatened. For this reason, it is important to examine the roles played by environmental authorities in the face of environmental damage and their manner of confronting the violators who cause the damage with the juridical tools available. Based on the foregoing, this article intends to call to the attention of society and the academy an investigation that took more than a year. It consolidated efforts of public organizations such as the Defensoría del Pueblo, different environmental authorities within the country and the Contraloría General de la República, so as to explain the effectiveness, weaknesses and strengths of the legal instruments so that the State, represented by the environmental authorities of the country, are able to sanction and demand the repair of the damage to the environment.
