La visión de aglomeraciones y la interacción entre el campo y la ciudad es cada vez más recurrente en las agendas de gobiernos locales y regionales. Es una mirada diferente a la clasificación convencional basada en los límites político-administrativos. Los aspectos relacionados con el ordenamiento son fundamentales. Entre otras razones, por la mayor consciencia que tienen las sociedades de sus derechos, y las exigencias que hacen para acceder a condiciones mínimas de bienestar y por superar la exclusión y las desigualdades intraurbanas que prevalecen de un municipio a otro (Rosas et al., 2017).Según la Cepal (2010), para lograr impulsar el desarrollo de las regiones más rezagadas y atender sus necesidades más apremiantes, las políticas de ordenamiento territorial y de descentralización se deben realizar acciones conjuntas entre los diferentes actores públicos y privados. Y desde esta perspectiva, el gobierno urbano no debe entenderse como la subordinación del Estado, sino como una forma de enfrentar los problemas metropolitanos de manera compartida (Venancio andamp; Iracheta, 2015). Cada vez es más claro que las dinámicas urbanas económicas y sociales superan los límites administrativos municipales y, entonces, el concepto de metrópoli juega un papel importante en aspectos como la regulación del uso del suelo, el medio ambiente, el transporte y la vivienda. Estos procesos bien dirigidos producen externalidades positivas.
