on el nuevo Instrumento para la Vecindad, el Desarrollo y la Cooperación Internacional (IVDCI) y el Marco Financiero Plurianual de 2014 a 2020 (MFP), la Unión Europea (UE) estableció un enfoque “diferenciado” con el que busca “graduar” a aquellos países que hayan mejorado su condición económica, es decir, quienes sean identificados como países de renta media o media-alta. Esto con el objetivo de orientar mejor los recursos y cortar las subvenciones otorgadas por la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en donde supuestamente ya no sea necesaria. Sin embargo, esta clasificación ignora la crisis social y económica sobreviniente de los países que han recibido esta etiqueta y los restringe de recibir recursos que puedan ayudar a salir de esta situación. De los 17 países graduados, 11 son latinoamericanos, lo cual expone la intención de la UE de disminuir su presencia económica en la región. En definitiva, este término no solo limita el avance de proyectos comunes entre ambos actores, sino que limita la cooperación para el desarrollo promovida por la UE y relega a América Latina y el Caribe (ALC), lo cual contrasta con el objetivo de la Agenda 2030 de no dejar a nadie atrás.
