La participación electoral es una variable que ha permanecido en los mapas de riesgo desde su primera edición. Se ha considerado tradicionalmente como un factor que puede indicar la existencia de irregularidades en el nivel de participación en los municipios.Una participación baja puede indicar la existencia histórica de prácticas irregulares que buscan obstaculizar la organización de las elecciones, o amedrentar a los ciudadanos para que no participen; en algunos casos coincide la presencia de actores armados con una baja participación. Al contrario, una participación alta puede ser indicativa de delitos masivos de corrupción de sufragantes como compra de votos o distribución de bienes a cambio del voto, “incitaciones” al voto ilícitas que, en realidad, alteran la expresión de la voluntad popular.
