Las decisiones administrativas se dirigen a obtener resultados financieros e incrementar las utilidades para las empresas y la sociedad, siendo necesaria una educación en la gestión financiera que tenga en cuenta el efecto del manejo de los recursos en el objeto social de dichas empresas. Así, debe tenerse especial consideración en cuanto a los aspectos éticos y la ausencia de sesgo de todos los actores y participantes, y en la vinculación del medio con la gestión universitaria; es decir, en la educación administrativa se debe garantizar que la práctica se realice de acuerdo a los lineamientos de aceptación social dentro del marco ético y la filosofía moral, acompañados de una reflexión moral sobre el propio comportamiento. En el presente milenio se han presentado varios de los más grandes colapsos empresariales de la historia, como los sufridos por Enron, WorldCom, Arthur Andersen, AIG, Lehman Brothers, Bear Stearns y Merrill Lynch, cuyo impacto se extendió más allá del mundo corporativo y contribuyó en gran parte a las crisis financieras recientes, causando una pérdida de confianza en las instituciones financieras y graves detrimentos del bienestar general de la población. A pesar de haberse incrementado el estudio de campos como la responsabilidad social corporativa en los currículos de los programas de pregrado y posgrado, se ha criticado la escasa formación en ética en las escuelas de negocios, donde se señala que existe un énfasis en que los profesionales comprendan los complejos modelos orientados a la maximización de las utilidades financieras, pero sin una dimensión ética adecuada y sin atender a los efectos de sus decisiones en los diferentes grupos sociales de interés. La investigación en ética financiera ha recibido poca atención tanto por parte de académicos de las finanzas como de estudiosos de temas éticos, dando como resultado un bajo interés en las prácticas docentes relacionadas con estos aspectos y un escaso impacto en la práctica profesional; esto es debido al paradigma reinante en las finanzas, el cual excluye los interrogantes normativos y exige el uso de herramientas analíticas y metodologías cuantitativas, bajo el supuesto de comportamientos racionales, libres de juicios de valor. De esta forma, las escuelas de administración se orientaron a la formación en aspectos técnicos, bajo un enfoque de neutralidad en valores privilegiando la efectividad administrativa relacionada con el individualismo, el materialismo y la competencia, para generar riqueza material para las empresas. Sin embargo, a veces las acciones corporativas individuales no consideran el efecto externo de sus decisiones ni las internalizan adecuadamente; así, los problemas administrativos y financieros se acaban relacionando con la toma de decisiones y el control de los recursos y, por lo tanto, con los derechos de propiedad, generándose acciones con débiles bases éticas y ausencia de valores interpersonales, asociadas a una búsqueda individual de los propios intereses y del incremento productivo. Esto puede derivar de una falsa creencia sobre lo que es la propiedad de un bien, producto o servicio, por el hecho de poseer un capital. El derecho de propiedad no permite un uso ilimitado y transgresor de los derechos fundamentales de otras personas, lo que resulta especialmente sensible en el uso de recursos financieros y su impacto en el bienestar de las comunidades. La utilización de los propios recursos no excluye su sometimiento a la deliberación y supervisión social, al igual que ocurre con el intercambio contractual de recursos. Es por esto que uno de los grandes retos de la educación financiera es promover un cambio de paradigma, promoviendo la sensibilización sobre la responsabilidad social de los negocios y la creación de valor bajo estándares de buena conducta, sostenibilidad medioambiental y aporte a los diferentes grupos de interés.
