En la década de los noventa, Colombia llevó a cabo profundas reformas al marco regulatorio y legal de los sectores sociales. Los cambios tuvieron su origen en la nueva Constitución de 1991, que estableció el monto de los ingresos de la nación que se debían destinar a educación, salud, alcantarillado y vivienda tanto a escala nacional como regional. Uno de los cambios legales y regulatorios más drásticos ocurrió en los servicios de salud, al crearse el llamado 'sistema subsidiado', destinado a proveer servicios de salud a la población más pobre. Este documento evalúa los resultados de las reformas en términos de su impacto sobre el acceso a los servicios sociales y sobre la distribución secundaria del ingreso. La investigación señala que durante los noventa se dieron avances desiguales en la focalización de los mencionados servicios hacia los pobres. Así, hubo ganancias importantes en los servicios de salud, ganancias moderadas en la educación y ganancias más pequeñas en los servicios públicos. El texto también presenta las estimaciones del impacto del gasto público social sobre la distribución secundaria del ingreso (después de subsidios). Se encontró que el aumento en la cantidad de subsidios no era suficiente para compensar el aumento en la desigualdad del ingreso ocurrida durante los noventa, particularmente en las áreas urbanas. Sin embargo, la mayoría de los nuevos subsidios se concentraron en las áreas rurales, lo que ayudo a aliviar la drástica caída del ingreso rural ocasionada por la disminución de los aranceles y de los precios de los productos agropecuarios y la revaluación de la tasa de cambio.
