Los habitantes de calle son, en su mayoría, consumidores de sustancias psicoactivas y enfrentan riesgo de salud excepcionalmente altos; muchos de ellos son víctimas frecuentes de varios delitos y algunos cometen delitos de manera regular. En este orden de ideas, es responsabilidad del Estado proveer servicios de salud e intervenir para reducir los delitos asociados con esta minoría. En este contexto, se plantean dos opciones de política: la interdicción e internación en centros especializados y la terapia de reducción de daños. A partir de la evidencia empírica proveniente de la medicina y la psicología y de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, se concluye que la interdicción no es una alternativa jurídicamente viable y, de acuerdo con la evidencia disponible se deben implementar acciones de reducción de daños.
