El gobierno colombiano tiene un escaso margen de maniobra al preparar el Presupuesto General de la Nación ya que un alto porcentaje de los gastos que debe hacer cada año está predeterminado por un numeroso conjunto de leyes y de artículos constitucionales. En este trabajo se hace un diagnóstico sobre la magnitud y origen de la inflexibilidad" presupuestal, y se discuten posibles soluciones. La inflexibilidad compromete la capacidad de los representantes elegidos para ejecutar sus planes de gobierno, puede poner en peligro la estabilidad macroeconómica, favorece el exceso de apropiaciones por parte de grupos de interés, dificulta la posibilidad de llevar a cabo ajustes en situaciones fiscales deficitarias, dificulta la definición de prioridades, favorece la duplicidad de erogaciones para un mismo fin y le resta transparencia al proceso presupuestal. En buena medida, las inflexibilidades surgen del interés del legislativo de garantizar rentas específicas para determinados sectores y regiones, contrarrestar su falta de acceso formal al presupuesto y limitar la discrecionalidad del ejecutivo. Las medidas orientadas hacia la flexibilización aplicarían sanos principios presupuestales, reconocidos a lo largo de cien años de historia de hacienda pública en Colombia. Para solucionar estos problemas, se sugiere modificar el esquema actual de asignación de transferencias y rentas de destinación específica, aplicar cabalmente el principio de unidad de caja en el presupuesto, establecer reglas de ahorro contingente para algunos fondos especiales, promover una administración unificada de la tesorería del estado, revivir los denominados "auxilios parlamentarios" con el fin de hacer explícita (poner por encima de la mesa) la búsqueda de presupuesto por parte del legislativo, y alejarlo de la práctica de incluir gastos por vía de leyes, como ha sido la tradición. El presupuesto anual debe partir de un límite de largo plazo al endeudamiento público, y una senda de disminución prefijada. Es necesario que el Ministerio de Hacienda se concentre en la definición del monto de gasto coherente con un nivel deseado de deuda pública, y que sean el Presidente y el Consejo de Ministros los responsables de la asignación sectorial, en interacción con el Congreso de la República.
