La población desplazada en Colombia asciende a cerca de 1.8 millones de personas y equivale al 4.3 por ciento de la población. La legislación colombiana para la población desplazada ha generado responsabilidades diferenciadas entre los gobiernos nacionales y locales. La responsabilidad administrativa, y no necesariamente financiera, de provisión de atención a la población desplazada recae sobre los municipios quienes enfrentan un reto importante debido su carácter multisectorial. Nuestros resultados muestran que la distribución geográfica de la población desplazada no refleja la presión de la demanda por atención en cada municipio colombiano. Aunque las grandes ciudades absorben los mayores flujos de desplazados, la evidencia sugiere que las ciudades intermedias y pequeñas sufren presiones superiores. Los recursos de estas ciudades son, por lo general, insuficientes para cubrir la demanda de su propia población por servicios sociales básicos. El Gobierno Nacional debería ofrecer respaldo financiero e institucional a los municipios con una presión grave por los flujos de población desplazada.
